En noviembre de 2023, un visita oficial de una delegación de parlamentarios chilenos a la zona fronteriza de México y Guatemala, dejó al descubierto una realidad oculta para nuestro país: miles de niños de nacionalidad chilena, ya sea de padres connacionales o de otras nacionalidades, viven en constante peligro debido a procesos de migración iniciados por sus progenitores hacia el norte del continente americano.
En ese momento pudimos comprobar en terreno, el paso de migrantes por pasos no habilitados y el serio peligro que corren familias completas y sobre todo los menores de edad.
Esta visita de inspección, en conjunto con la Comisión Mexicana de Apoyo al Migrante, desnudó un cruda situación con datos demasiado demoledores: aoctubre de 2023 México recibió más de 127 mil solicitudes nuevas de asilo, de estas últimas, 41.523 son de Haití, 36.480 son de Honduras, 15.764 son de Cuba, 5.545 de el Salvador, 5.372 son de son de Guatemala, 5.151 son de Venezuela, 3.617 de Brasil, 3.349 son de Chile.
El caso de nuestro país, es el que más llama la atención, pues se trata del punto geográfico más lejano a estas fronteras y en la se trata en la mayoría de los casos se trata de familias haitianas o venezolanas, pero con hijos nacidos en Chile, por lo cual tienen la nacionalidad chilena.
Como Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y de Derechos Humanos, del Senado en Chile manifesté de inmediato mi enorme preocupación a las autoridades chilenas, sobre todo considerando las precarias condiciones de miles de niños chilenos, que si bien son hijos de padres de otras nacionalidades, solo por haber nacido en Chile, genera la obligación de proteger sus derechos.
Lo más impactante fue ver cómo transitaban por zonas no habilitadas, como el paso de los limones desde Guatemala a México en balsas improvisadas y la triste realidad de Tapachula donde deben esperar por días sin comida ni agua, para ver como atraviesan de un país a otro.
Desde México, solicité formalmente al Gobierno de Chile y la Defensoría de la Niñez, fiscalizar este tema y ver cómo prestar la ayuda necesaria, a nivel internacional.
Una vez, en territorio nacional, reiteré mi preocupación y con cifras en mano acudió a los organismos correspondientes. Este 2024, México ya ha reportado 533 personas de nacionalidad chilena que han sido reconocidas con la condición de refugiada, pero 8.837 personas de nacionalidad chilena que han solicitado reconocimiento y se encuentran en espera de una decisión.
A mediados de enero de 2024, y consciente de la gravedad de la situación, es que convoqué a diversos actores y entidades a la Comisión de Derechos Humanos, para analizar estos casos. Las noticias no fueron alentadoras, pues en medio del debate se confirmó que más de 17 mil niños chilenos sufren el riesgo de abusos, tanto físicos como sexuales y sicológicos, en medio de este proceso de migración y desplazamiento por las fronteras de Panamá, Guatemala y México.
Los informes de la Defensoría de la Niñez y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados confirmaron las cifras y se decidió oficiar a consulados de varios países, más la creación de una guía para proteger a los niños migrantes.
Una dramática realidad que viven todos los días con niños de nacionalidad chilena, ya sea hijos de padres extranjeros o connacionales, que decidieron dejar el país para trasladarse hacia norteamérica, atravesando varios territorios, pero con enormes riesgos para los derechos de los menores de edad.
En su presentación, Anuar Quesille, Defensor de la Niñez de Chile, señaló que “hemos venido a corroborar nuestra preocupación por esta difícil situación que implica la vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes de nacionalidad chilena y que se encuentran en contexto de movilidad, avanzando hacia la frontera norte, con la finalidad de llegar a Estados Unidos. Las cifras dan cuenta de una realidad preocupante, respecto de los cuales el Estado debe asegurar sus derechos, garantías y protección integral. Es importante un actuar coordinado entre el Gobierno, el parlamento, los organismos internacionales y nosotros como Defensoría de la Niñez.
Datos que calaron hondo entre los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, con los cuales por unanimidad decidimos oficiar a los consulados de países como Guatemala, México, Panamá, Perú, Bolivia, Bélice, Nicaragua, Costa Rica, Colombia, entre otros, con el objetivo de iniciar medidas de protección para los niños, sobre todo porque la gran mayoría son menores de cuatro años.
En mi intervención, reiteré que estamos en presencia de una situación dramática que dice relación con la grave vulneración de derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y por eso, la necesidad que el Estado de Chile se haga cargo, a través de la Cancillería para generar una guía de apoyo consular para aquellas personas que se desplazan y que son de nacionalidad chilena y una alerta consular en los lugares de tránsito.
Declaraciones que fueron respaldada por Daniel Ruiz, representante de ACNUR, que también expuso ante la Comisión. "Estamos constatando la clara convicción de Chile de proteger a sus connacionales, iniciando en las fronteras de Chile hacia Bolivia, Perú, Colombia y toda Centroamérica. La situación de riesgos que se constata en toda la ruta y ver cómo poder responder a esto estableciendo medidas de coordinación y cooperación, nos llena de satisfacción".
Una de las solicitudes realizadas, apuntó a clarificar las medidas que nuestro país está tomando con respecto a estos casos, y la situación de niños, niñas y adolescentes chilenos en tránsito por américa.
La Dirección General de Asuntos Consulares, Inmigración y de Chilenos en el Exterior emitió un informe, el cual señala que en base al Decreto N°181, que establece la Política Nacional de Migración y Extranjería (PNME), primera política oficial del Gobierno de Chile en abarcar la temática migratoria de una manera integral y holística. Ésta se establece y define en los artículos 22 y 23 de la ley N°21.325, de Migración y Extranjería, promulgada el 27 de diciembre del 2023, uno de los enfoques transversales con el objetivo de hacer efectivos los principios que el Estado debe incorporar en su accionar de acuerdo con las obligaciones internacionales y el derecho interno. Estos son: Derechos Humanos, Género, Derechos de la Niñez y Adolescencia e Intercultural.
Según el Informe de las Migraciones en el Mundo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), al año 2020 se registran 281 millones de migrantes en el mundo. En América Latina y el Caribe, a la misma fecha, habría 15 millones de migrantes. En lo que respecta a Estados Unidos, existen 55 millones de migrantes, de los cuales 26 millones provienen de América Latina.
A noviembre de 2023, según la plataforma regional de respuesta para refugiados y migrantes de Venezuela, 7.7 millones de venezolanos fuera de su país de origen.
Chile adhirió al Pacto Mundial sobre Refugiados (GCR), el 17 de diciembre de 2018. El GCR, establece mecanismos para garantizar que tanto los refugiados como las comunidades de acogida se beneficien de este apoyo.
Los Derechos de la Niñez y Adolescencia están incorporados en el marco normativo del país. Específicamente, en la PNME se establece como enfoque transversal, orientándose a la promoción y protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes (NNA). Por otro lado, la ley N° 21.430 reconoce a los NNA como sujetos de derechos, y, por ende, establece como objeto de la ley la garantía y protección integral de estos.
Respecto a los NNA migrantes, el Servicio Nacional de Migraciones, por medio de la ley N°21.325 (en específico el artículo 41, inciso 2), se encuentra regularizando prioritariamente a los NNA que soliciten residencia temporal de manera inmediata y con plena vigencia, sin importar la situación migratoria de la persona a cargo de su cuidado. Asimismo, el Programa Niñez Migrante del SERMIG, busca desarrollar estrategias orientadas a promover la regularidad migratoria favoreciendo la inclusión de los NNA a la sociedad chilena, por medio de la coordinación con servicios públicos, organismos internacionales y sociedad civil.
Por su parte, la IX Ronda del Proceso de Quito presentó la ‘Guía Operativa para la cooperación transnacional en la protección de la niñez migrante y refugiada’, donde se recopilan un conjunto de buenas prácticas respecto a la temática. Cabe destacar que, Chile presentó en esta instancia la creación del nuevo Servicio Mejor Niñez y la suscripción de tres convenios con Ecuador, República Dominicana y Perú, respecto al Procedimiento de reunificación familiar.
Se informó además, que Chile ha trabajado en la aplicación de una Comisión Bilateral para la Cooperación de Asuntos Consulares y Migratorios con gran parte de países de la región latinoamericana, en la que se abordan temáticas tales como los desafíos de la migración internacional, la creación de programas que fomenten la cooperación en aspectos consulares y migratorios, el crear iniciativas de intercambio de información sobre los movimientos migratorios y también sobre políticas que promuevan una migración segura, ordenada y regular, y dialogar sobre políticas que incluyan a las comunidades en el exterior.
Específicamente ha trabajado con Ecuador y Colombia para la suscripción de Acuerdos sobre Protección y Retorno Seguro de NNA sin cuidados parentales. Con Ecuador se está trabajando en la actualización del mismo y con Colombia este se encuentra en fase de negociación.
Según datos del Servicio Nacional de Migración de Panamá, desde 2019 2023 han cruzado 928.795 migrantes irregulares por Darién, y sólo el 2023 cruzaron 520.095 personas. Las principales nacionalidades de las personas que se identifican en Darién son venezolanas, ecuatorianas y haitianas. El trayecto migratorio continúa por Costa Rica, Honduras, El Salvador, Guatemala y México, territorio previo a su destino final, Estados Unidos.
Respecto de nacionales chilenos identificados en esa ruta, desde 2019 a enero de 2024 se han contabilizado 16.930 personas, de los cuales, según las características de los flujos, se deduce que serían en su mayoría NNA chilenos, de padre haitianos y venezolanos. Debido a la presencia de menores chilenos en la ruta del “Tapón del Darién” en Panamá, es que ha trabajado en coordinaciones con las autoridades de Panamá a fin de atender esta problemática.
Entre el 13 al 17 de noviembre tuvo lugar la visita al Programa de Integración Local (PIL) de México, el cual es llevado a cabo por el Alto Comisionado de NN. UU para los Refugiados (ACNUR). Destaca de esta actividad, la visita a la ciudad de Tapachula – Chiapas, específicamente al Municipio de Suchiate, zona fronteriza con Guatemala donde a través del río Suchiate se dan la mayoría de ingresos irregulares hacia México.
En esa zona se encuentran personas con altas condiciones de vulnerabilidad y la mayoría provenían de países de América del Sur, y se dirigían a Estados Unidos. En su mayoría son personas de nacionalidad venezolana.
En relación con las solicitudes de refugio de nacionales procedentes de Chile recibidas por las autoridades mexicanas, para el período enero-diciembre de 2023 la cifra alcanzó las 3.489 personas. Respecto de los menores de edad, según registro de la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiado (COMAR), la Secretaría de Relaciones Exteriores de México ha indicado que entre los años 2021 a 2023 un total de 6.235 niños, niñas y adolescentes chilenos han solicitado refugio. Según los datos desagregados por sexo, y año, durante el 2021 4.514 NNA solicitaron refugio (2.306 niñas y 2.208 niños); durante el 2022 solicitaron refugio 537 NNA (271 niñas y 266 niños) y durante el 2023, solicitaron refugio 1.214 NNA (585 niñas y 629 niños).
En cuanto a los menores de edad chilenos identificados en distintos países de la ruta hacia América del Norte, desde el 2021 al 2023 se han prestado atención a 600 casos mediante la red consular de Chile en el exterior en coordinación con la División de Servicios Consulares.
Creemos firmemente que este tema, debe ser una preocupación de Estado, pues los derechos de los niños, en todo orden, pero sobre todo lo que tienen la nacionalidad chilena, deben ser protegidos en el lugar que sea necesario.
Sabemos que la migración es un fenómeno global que ha marcado la historia de la humanidad desde sus inicios. La búsqueda de mejores condiciones de vida, el escape de conflictos o persecuciones, y el deseo de reunificación familiar son solo algunas de las razones que impulsan a las personas a migrar. Sin embargo, este proceso no está exento de desafíos, especialmente en lo que respecta a la protección y el respeto de los derechos humanos de los migrantes. En un mundo cada vez más interconectado, pero también marcado por profundas desigualdades y tensiones políticas, la temática de los derechos humanos y las migraciones adquiere una relevancia crucial.
Según el informe de Tendencias Globales de ACNUR, a finales de 2022, el mundo experimentó un aumento significativo en el número de personas desplazadas por la fuerza, alcanzando los 108,4 millones debido a conflictos, violencia, y violaciones a los derechos humanos. Este aumento es el más pronunciado de un año a otro según las estadísticas de ACNUR, lo que subraya la magnitud de la crisis de desplazamiento actual
ACNUR también destaca la importancia de la Convención de 1951 y su Protocolo de 1967 como instrumentos clave para la protección de los refugiados, enfatizando que el desafío principal es garantizar que los Estados cumplan con sus obligaciones bajo estos instrumentos. La distinción entre migrantes y refugiados es crucial, ya que los refugiados son personas que no pueden regresar a su país de origen de forma segura y, por lo tanto, requieren protecciones específicas bajo el derecho internacional.
Un caso que nos a tomado parte de la agenda en la comisión de relaciones internaciones, además de la falta de control migratorio, es el paso de inmigrantes Chilenos por pasos no habilitados en la zona de Tapachula y el serio peligro que corren familias completas y sobre todo los menores de edad.
A octubre de 2023 México recibió más de 127 mil solicitudes nuevas de asilo, de estas últimas, 41.523 son de Haití, 36.480 son de Honduras, 15.764 son de Cuba, 5.545 de el Salvador, 5.372 son de son de Guatemala, 5.151 son de Venezuela, 3.617 de Brasil, 3.349 son de Chile. “Es precisamente en el caso de Chile donde llama poderosamente la atención, que se trata en la mayoría de los casos de familias haitianas o venezolanas, pero con hijos nacidos en Chile, por lo cual tienen la nacionalidad chilena.”
"Esta es la realidad que vive todos los días la Comisión Mexicana de apoyo al migrante y lo que nos preocupa sobre manera es la presencia de niños chilenos que están ingresando a dicho país, sobre todo por sus precarias condiciones. Pese a que sus padres son de otras nacionalidades, solo por haber nacido en Chile, como país tenemos la obligación de proteger sus derechos. Lo más impactante es ver cómo transitan por zonas no habilitadas, como el paso de los limones desde Guatemala a México en balsas improvisadas", sostuvo el Senador Francisco Chahuán, que en su calidad de Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores.
Por esta razón, es que el parlamentario solicitó al Gobierno de Chile e incluso a la Defensoría de la Niñez, que puedan fiscalizar este tema y ver cómo se les puede prestar la ayuda necesaria, a nivel internacional.
Respecto al número acumulado de personas refugiadas, a junio de este año, México ya ha reportado 533 personas de nacionalidad chilena que han sido reconocidas con la condición de refugiada, pero 8.837 personas de nacionalidad chilena que han solicitado reconocimiento y se encuentran en espera de una decisión.
Cumplimiento de obligaciones legales internacionales: Los Estados tienen compromisos legales bajo el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho de los refugiados y otras normativas internacionales relevantes. Entender estas obligaciones es crucial para evaluar y mejorar las políticas migratorias y las prácticas de protección de los derechos de los migrantes.
Por todas estas razones, el estudio de "Derechos Humanos y Migraciones" no solo es relevante para académicos y legisladores, sino también para la sociedad en general. Fomenta una comprensión más profunda de los retos contemporáneos y promueve el diálogo y la acción hacia soluciones más humanas y efectivas para gestionar la migración en el siglo XXI.
Los Mecanismos de Protección y Asistencia: Establecer y fortalecer mecanismos para la protección y asistencia de los migrantes, especialmente aquellos en situaciones vulnerables, incluyendo menores no acompañados, mujeres y víctimas de tráfico de personas.
Promover el uso de alternativas a la detención de migrantes, asegurando que la detención sea siempre una medida de último recurso y por el menor tiempo posible, en conformidad con los principios de proporcionalidad y necesidad.
Promoción de la Integración Social y Económica
Políticas de Integración: Desarrollar políticas inclusivas que promuevan la integración social y económica de los migrantes, reconociendo y valorizando sus contribuciones a las sociedades de acogida.
Educación y Sensibilización
Implementar programas de educación y sensibilización dirigidos tanto a migrantes como a comunidades de acogida para promover el entendimiento mutuo, la tolerancia y el respeto a la diversidad cultural.
Fortalecimiento del Papel de la Sociedad Civil: Apoyar y fortalecer el papel de las organizaciones de la sociedad civil en la provisión de servicios a migrantes, así como en la defensa de sus derechos.
Involucramiento del Sector Privado: Incentivar la participación del sector privado en la creación de oportunidades de empleo para migrantes y en la promoción de prácticas laborales justas y no discriminatorias.
Estas soluciones y recomendaciones requieren un compromiso sostenido y la colaboración de todos los actores involucrados para crear entornos más seguros, inclusivos y respetuosos de los derechos humanos para los migrantes. La implementación efectiva de estas medidas no solo beneficia a los migrantes, sino que también contribuye al desarrollo social y económico de las sociedades de acogida y de origen.
El futuro no sólo de nuestro país, sino que de otras naciones, del continente y del mundo en general, se basa en comprender que los Derechos Humanos deben ser vigilados constantemente y cuando se trata de menores de edad, además se debe incluir el concepto de urgencia y resolución por el bien de ellos y sus familias.
Senador Francisco Chahuán Chahuán
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos Senado de Chile
Presidente de la Comisión de Realciones Exteriores Senado de Chile
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