La acción jurídica liderada por los vecinos del sector y apoyada por el senador Francisco Chahuán, el diputado Andrés Celis y el Core Manuel Millones, busca permitir la construcción del SAR antes de perder los fondos que fueron asignados, pero también una solución habitacional transitoria a las familias que ocupan ilegalmente dichos terrenos.
Debido a la incertidumbre que genera la construcción del futuro Servicio de Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolución (SAR) de Miraflores en los terrenos que actualmente permanecen ocupados ilegalmente por 10 familias, los dirigentes vecinos y pobladores del sector junto al senador de Francisco Chahuán, el diputado de Andrés Celis y el Core UDI Manuel Millones, llegaron hasta la Corte de Apelaciones de Valparaíso para interponer un recurso de protección.
“Nos encontramos con la dificultad que el predio fue tomado por 10 familias, estamos conscientes que el tema del déficit habitacional hay que resolverlo y hemos conversado con la autoridad justamente para conseguir un subsidio de arriendo para dar una solución de transición mientras se resuelve la construcción de este SAR. Este Servicio de Alta Resolutividad es esencial porque permite descomprimir el sistema de salud viñamarino y permite asegurar que los vecinos en su propio sector puedan tener la atención médica oportuna. Han sido años de trabajo y sacrificio de parte de los vecinos para conseguir este centro y por eso queremos pedirle a la Corte que resuelva la posibilidad que se habilite el terreno para la construcción, estableciendo una solución de transitoria para aquellas personas que están ocupando irregularmente el terreno”, señaló el senador Francisco Chahuán.
El SAR de Miraflores es un gran anhelo de los vecinos, pues permitirá descongestionar el CESFAM de este sector, que es uno de los más demandados de la zona. Por su parte María Juana Velásquez Maldonado Presidenta del Consejo de Salud de Miraflores Alto, señaló “nunca debimos haber llegado a esto, cuando esta toma empezó el diputado Celis denunció aquello y las autoridades locales debieron haber tomado las medidas inmediatamente y no se hizo”.
En la misma línea, Elba Figueroa Maya, presidenta de la Agrupación Juntas de Vecinos de Miraflores indicó, “estamos para apoyar nuestro SAR, es el momento que la Corte también nos ayude en esto. Estamos a favor de la gente que está ahí, no le estamos dando la contra de ninguna manera, pero desgraciadamente ellos están en nuestro lugar… En noviembre se nos vence el plazo para los dineros, para empezar por lo menos a cerrar el terreno y llamar a licitación, eso mínimo tardará cinco meses, entonces por favor que ellos entiendan y vayan a la mesa de trabajo en la que son parte para que el gobierno les ayude”.
En tanto el Core Manuel Millones también se refirió a la incertidumbre que se genera si se pierden los fondos asignados, “primero que todo, costó mucho conseguir un terreno, no hay terrenos públicos ni privados, por eso hay que defender este espacio, de lo contrario se cae porque no hay otro espacio física. Lo segundo, costó mucho que el ministerio sacara el decreto para asegurar la asignación presupuestaria, sino se ejecuta este proyecto o comienza la licitación en el 2021 hay que esperar un nuevo gobierno y un nuevo decreto, es decir hay una incerteza sobre el financiamiento futuro, por eso la premura y la gestión de la Corte para que se obligue a licitar ahora”.
El SAR de Miraflores obtuvo la Recomendación Técnica y Económica favorable (RS) del Ministerio de Desarrollo Social el 2017. En el 2019 la Contraloría General de la República aprobó su financiamiento luego que el Ministerio de Hacienda destinó recursos por $2.129.946 millones para su construcción.
El proyecto consta de dos etapas. La primera fase abarca el diseño de arquitectura más las especialidades y obras complementarias, incluyendo topografía y mecánica de suelos con sondaje.
La segunda etapa corresponde a la construcción del inmueble, que abarcaría un área de 576 metros cuadrados, además de la compra de equipamiento y de una ambulancia que apoyará la atención de alrededor de 110 mil beneficiarios.
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